“Los gimnasios deberían considerar no cobrar las cuotas por los servicios que no pueden ofrecer debido al decreto de aislamiento social obligatorio que rige desde el 20 de marzo”. Así lo manifestó en el canal Todo Noticias Gerardo Guillelmotti, director de Consumidores y Administrados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Estamos en una situación atípica y excepcional –prosigue el funcionario- que ningún contrato pudo haber contemplado. El primer conflicto que surge con los servicios que ofrece un proveedor es que el derecho al consumo va a chocar con el derecho laboral. Porque si ese proveedor no tiene ingresos, no puede pagarle a sus empleados”.

Sin embargo, el director de la Defensoría del Pueblo porteña afirmó que esto no significa que el consumidor tenga que hacerse cargo de este costo. “La solución más pacífica sería un esfuerzo compartido”, destaca.

“En el caso de los gimnasios, tengo conocimiento de que las grandes cadenas están ofreciendo clases online. En este caso de fuerza mayor, estarían brindado el servicio pero si había otras actividades que ofrecían -como natación o duchas-, no tendrían que cobrar esa porción de la cuota a sus socios, porque no están pudiendo brindar esos servicios”, explica.

“Hay clientes de cadenas de gimnasios que compraron un plan anual porque les convino el precio. Pero hoy se están quejando porque no están recibiendo el servicio. La realidad es que el consumidor piensa que paga mes a mes este plan, pero en los contratos que firmó se explicita que está haciendo un gasto anual, dividido en 12 cuotas”, dice Guillelmotti.

“Debería existir una compensación al cliente por esto, como dejar sin efecto el cobro de la última cuota u ofrecer bonificaciones en las membresías una vez terminada la cuarentena. Por otro lado, las empresas deberían tener alivios impositivos, por más que tener las instalaciones cerradas les genere un gasto menor en sus presupuestos”, concluye el funcionario.