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Sancionan nueva ley de gimnasios en San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan sancionó la nueva normativa que regula a gimnasios, centros deportivos, academias y demás institutos dedicados a la actividad física, prácticas preventivas y recuperativas. Aquellos que no cumplan con los requisitos fijados por esta ley, serán clausurados. La versión final del proyecto contó con el apoyo y la participación activa de la Cámara Sanjuanina de Gimnasios.

A partir de la reglamentación de la ley 8.281, todos los centros deberán encontrarse bajo la dirección técnica de un profesional de la educación física, con título oficial, y su personal tendrá que estar capacitado en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios. Las instalaciones también deberán contar con la cobertura de un servicio de emergencias médicas y con un seguro de responsabilidad civil.

La nueva legislación prevé la creación de un Registro Provincial Único de locales y profesionales del sector. Además, será obligatorio exigirles a los usuarios la constancia médica que determine su aptitud física. A través de esta iniciativa, “las actividades podrán ser diagramadas de acuerdo con el estado de salud de cada persona y prevenir episodios fatales, como los paros cardíacos durante la práctica de ejercicio”.

“Esta ley es muy importante porque nos permite defender y profesionalizar el rubro. En la provincia existen muchísimos gimnasios sin habilitación, que no pagan impuestos y tampoco cuentan con profesionales idóneos. Estos gimnasios de ‘garaje’ constituyen una competencia desleal para el sector y le quita seriedad a la industria del fitness”, destaca Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la Cámara de San Juan.

Aunque la norma fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de agosto, todavía no ha sido puesta en vigencia. “Existen ciertos detalles por definir, como es el caso de la incorporación de los centros de spa y determinar cuál será la autoridad de aplicación”, explica Rodríguez. Una vez reglamentada, más de 120 gimnasios tendrán un total de 180 días para ajustarse a las exigencias de la nueva ley.

 



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