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Ley de Gimnasios, subsanando el vacío legal que los gimnasios tenían en la Ciudad de Buenos Aires

Hasta hace muy poco tiempo la actividad de gimnasios se desarrollaba en un vacío legal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, como aún lo hace en el resto del país. Los gimnasios no podían considerarse clubes ya que a diferencia de estos, tienen fines de lucro, ni mercantiles porque no son comercios tradicionales.

Esto traía aparejados problemas legales a aquellos gimnasios que querían trabajar dentro de un marco adecuado y les generaba inseguridad jurídica. Afortunadamente, en octubre de este año, el Decreto 1821 que reglamenta la Ley 139 dio el puntapié inicial para subsanar esa falencia.

Sin embargo, es lamentable que no se haya consultado previamente a la Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) ya que la misma venía trabajando en el desarrollo de marcos jurídicos adecuados para nuestra actividad. Este olvido se ve claramente en artículos que trasparentan la falta de conocimiento acerca de la industria.

Artículos como el 4, que obliga a que el responsable del establecimiento sea un profesor de educación física con título reconocido por el Gobierno de la Ciudad, son de una lógica irrefutable. Lo mismo sucede con el artículo que establece la obligatoriedad de contar con un botiquín de primeros auxilios, aunque la norma no explicita que sería fundamental también capacitar al personal para que sepa utilizarlo.

Por otro lado, el artículo 8 dice que no se podrán vender ni suministrar medicamentos, drogas o sustancias que accionen sobre el organismo. Está claro que la intención es impedir la venta de drogas prohibidas, pero tal como está redactada la norma podría interpretarse como la prohibición de comercializar alimentos en general, tales como bebidas energéticas e hidratantes o barras de cereales.

El artículo 6 de la reglamentación dice que todo gimnasio debe exigir a sus socios un certificado de aptitud física, con validez por un año, que especifique qué tipo de actividad puede realizar. Aquí se ve claramente la falta de conocimiento de quienes redactaron la norma. Si para conducir un automóvil, acción que afecta a la persona y a terceros, se requiere un permiso renovable cada cinco años, ¿por qué para realizar actividad física el apto médico debería ser renovable anualmente?

Este artículo es muy polémico ya que si bien es cierto que toda persona que realiza actividad física en forma regular debería estar controlada, ¿por qué hacerlo sólo en los gimnasios? Cuando se realizan deportes, como un partido de fútbol, una maratón o cualquier actividad al aire libre, como las que regularmente organiza el Gobierno de la Ciudad, no se solicita ningún certificado. Y son actividades francamente riesgosas.

Esto no significa que deban prohibirse estas actividades. El riesgo implícito es mucho menor que el que se asume al no realizar este tipo de eventos ya que una población sedentaria provocaría otro tipo de trastornos. Un aporte aplicable sería establecer claramente la responsabilidad del gimnasio sobre la salud de sus clientes, de manera que los profesores a cargo los induzcan a realizar actividades de bajo riesgo cuando se inician y, progresivamente, avanzar hacia ejercicios más intensos.

Eventualmente, se les puede solicitar un certificado e, inclusive, introducirlos al control deportológico y nutricional. Además el riesgo de la actividad física sobre la salud es diferente según la edad de quien la practique. Una persona de 70 años debe estar controlada y sus actividades, probablemente, restringidas. Exigirle el mismo tipo de controles a un joven de 20 años es, de alguna manera, expulsarlo del gimnasio.

El Anexo 2 trata sobre la obligatoriedad de contar con un servicio de emergencias lo cual nos parece perfecto. Sin embargo, la Ley no hace mención sobre los seguros, que a nuestro entender deberían ser obligatorios. El seguro de responsabilidad civil, al igual que en los vehículos, protege los intereses del cliente y los del gimnasio, mucho más que un certificado médico de aptitud física.

Nota: La CGA ha establecido una comisión especialmente dedicada a discutir estos temas entre los distintos operadores y las autoridades. Esperamos que con el tiempo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se muestre más permeable al debate de ideas entre quienes se encuentran involucrados con la operación de gimnasios.



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