Expertos

La responsabilidad civil en general se desarrolla en dos campos jurídicos: “el contractual” y el “extracontractual o aquiliano”. El primero se reserva a las consecuencias originadas en incumplimientos de obligaciones contractuales. El segundo, por su parte, se refiere a aquellas consecuencias dañosas originadas en hechos y actos ajenos a cualquier relación contractual preexistente. 

Por otro lado, existen las obligaciones de medio y las de resultado. En el primer caso, el prestador se compromete a poner de sí su mayor capacidad, sus medios y recursos, para obtener el resultado esperado, el cual no garantiza ni puede garantizar. En el segundo caso, en cambio, sea por la obligación contractual asumida o por imperio de la ley, el prestador está obligado alcanzar el resultado esperado o tenido en vista por su contratante al pactar el convenio.

En lo que a gimnasios respecta, la naturaleza de la responsabilidad civil para con sus socios “es contractual”, por una parte, y de medios y resultado, según el caso, por la otra. Las principales obligaciones de los gimnasios respecto de sus “clientes”, y cuyo incumplimiento genera en principio la obligación de resarcirlos, son:

1. Disponer a favor de sus socios, dentro de un horario prefijado, con los elementos adecuados, con infraestructura edilicia apropiada y con profesores experimentados para tal función, la práctica concreta de la actividad acordada o contratada, o aquella que el cliente elija.

2. Asegurar al socio que luego de la práctica del deporte elegido, tanto sus pertenencias como su persona saldrán sanas y salvas.
No cabe duda alguna que la primera de ellas es una obligación contractual de medios. La segunda obligación, de seguridad, es de resultado (objetiva), es decir que será el gimnasio el que deberá demostrar en el proceso que una causa ajena a su actividad fue la que produjo el daño, o necesariamente debía producirlo.

En otras palabras, frente a un reclamo por daños, por imperio de la ley se presume que la indemnidad del socio se ha quebrado. Entonces, es el propio gimnasio el que debe probar que de su parte “no hubo incumplimiento alguno” o que el daño se produjo por algún hecho responsabilidad exclusiva de la víctima, de un tercero por el que no se debe responder, o por caso fortuito. Todo esto para interrumpir total o parcialmente el nexo causal entre la actividad y el daño sufrido por el socio.

¿Por quiénes responder?
Los terceros por los que el gimnasio sí debe responder son todos aquellos que hayan ingresado en el contrato para lograr su cumplimiento: por ejemplo, los profesores de educación física o los instructores. En suma, el gimnasio debe responder por el daño causado por aquellas personas que están bajo su guarda o cuidado, o dentro de su esfera de control y seguridad.

La responsabilidad de los profesores que prestan sus servicios en los gimnasios varía conforme el tipo de relación que los primeros tengan con los segundos y también con los socios. Frente a un reclamo por daños, el profesor a cargo de una clase, que está bajo estricta relación de dependencia con el gimnasio, responde extracontractualmente frente al damnificado. Y la responsabilidad del gimnasio sería refleja, ya que el profesor se encuentra bajo su control.

Ahora, si el socio contrata directamente con el profesor un determinado servicio, por ejemplo, entrenamiento personalizado, la relación entre ambos es contractual y por lo tanto existe una “obligación de resultado” en cabeza del profesor. En este caso, cabe preguntarse si el gimnasio responde indirectamente por el accionar del profesor, es decir, si retiene para si la responsabilidad de lo ocurrido a su socio.

Aquí entonces corresponde trazar tres hipótesis:

1. Si el profesor sólo contrata el espacio físico del gimnasio, en condiciones de total ajenidad, es decir, para los usos que el profesor estime adecuados o aún para no utilizarlo, entonces el único responsable es el profesor. Excepto que el daño se hubiera producido por el mal funcionamiento de máquinas o recursos del gimnasio.

2. El profesor es un dependiente del gimnasio, tema ya tratado anteriormente.

3. El profesor pacta un determinado arancel con el socio para la realización de una actividad especial, pero el éste último abona dichos servicios dentro del a cuota del gimnasio. En este caso, la responsabilidad del gimnasio queda incólume y deberá responder por el daño sufrido por el cliente.

Normativa vigente
Todo el sistema de responsabilidad civil de los gimnasios se ha visto conmovido con y por la sanción de la Ley 139 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus decretos reglamentarios. En efecto, dicho ordenamiento y plexo de normas prevé en su texto la obligación por parte de los gimnasios de solicitar a sus socios un “certificado médico de aptitud física” para la realización de actividades deportivas.

En principio, aparece como el intento del Gobierno de trasladar el eje de la responsabilidad civil del Estado al gimnasio y de éste al socio, con el sólo y mágico expediente de solicitar un “certificado médico”. Este sistema además de antijurídico es por sí mismo inútil, ya que no es eficiente para disolver la responsabilidad contractual del gimnasio y del Estado habilitante, ni para colocar en cabeza del socio el peso in totum de la responsabilidad por la actividad elegida.

En esta primera parte daremos cuenta de un fallo ejemplificador emitido por la Sala B de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, el 15 de noviembre de 2005, aclarando que, a la sazón aún no estaban en vigencia las normas reglamentarias de la ley mencionada.
Los hechos, sucintamente expuestos son los siguientes: en un gimnasio se produce el deceso de un adulto mientras se realizaba actividad física en una de las bicicletas fijas allí existentes. Los familiares de la víctima enrostraron al gimnasio la totalidad de la responsabilidad por el hecho, aduciendo que no habían actuado con el cuidado necesario y basándose en la “obligación de resultado” – ya vista anteriormente – es decir la indemnidad de sus socios.
 
En primera instancia se hace lugar a la demanda, condenando al gimnasio, pero sabiamente la Cámara Nacional Civil consideró a su tiempo que:
“Correspondía rechazar la acción de daños y perjuicios impetrada contra la sociedad explotadora de un gimnasio en virtud de la muerte de un cliente acaecida mientras practicaba bicicleta fija en las instalaciones de la demandada pues, visto que dicho desenlace fatal no podría haber sido advertido mediante la realización de un examen de aptitud deportiva, debe concluirse que el incumplimiento de tal recaudo no constituye un factor de atribución de responsabilidad” ([1] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B 15/11/2005 •  Petrungaro de Vargas, Laura L. c. Gimpad S.A.)
 

Es decir, corresponde analizar en el caso si el mentado certificado médico exigido a los gimnasios puede actuar como descargo total de la responsabilidad propia del socio, y en su caso, si tal certificado es suficientemente hábil para determinar capacidad física alguna, detectar enfermedades cardíacas o siquiera prevenirlas, ya sea de parte del socio o de parte del gimnasio. En suma, si se trata de un hecho previsible o evitable. Y finalmente, si su inexistencia, amen de incumplir con una ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, genera mayores grados de responsabilidad en cabeza del establecimiento o, en su caso, ajenidad en relación a la contratación de los seguros pertinentes.

Sobre estas cuestiones se desarrollará nuestro próximo aporte a través de esta columna en la edición 19 de Mercado Fitness.

Carlos Turri es abogado. Master en Derecho de la Empresa. Especialista en Derecho Deportivo. Apoderado General Judicial de WELLclub. cturri@uolsinectis.com.ar

Texto publicado en la edición Nro.18 de la revista Mercado Fitness – Año 2006– Septiembre / Octubre



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